El 1 de agosto de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que un fabricante de vehículos no puede eximirse de su responsabilidad por el uso de un dispositivo de desactivación prohibido, incluso si el vehículo ha sido homologado por una autoridad nacional competente. El TJUE produjo la decisión en el contexto de un litigio en un tribunal alemán, donde dos compradores de vehículos reclamaban indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por un software que alteraba las emisiones.
El Tribunal precisó que esta responsabilidad aplica tanto si el dispositivo fue instalado de origen como si se incorporó posteriormente a través de una actualización de software. El Tribunal estableció que el Derecho de la Unión no se opone a que se compense la indemnización con la ventaja obtenida por el uso del vehículo ni a que se limite a un importe equivalente al 15% del precio de compra, siempre y cuando esta reparación constituya un resarcimiento adecuado del perjuicio sufrido.
