El 12/05/2026 el Supremo Tribunal Federal (STF), confirmó la medida de embargo sobre las cuentas bancarias y activos financieros de Starlink Holding en territorio brasileño. La decisión se fundamentó en la falta de un representante legal de la plataforma X (anteriormente Twitter) en el país y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales relacionadas con la moderación de contenido y la lucha contra la desinformación.
La Corte Suprema aplicó la doctrina del «Grupo Económico de Hecho», determinando que, al compartir una unidad de mando bajo la propiedad de Elon Musk, Starlink debe responder solidariamente por las multas impuestas a la red social X. El fallo subrayó que la soberanía judicial brasileña prevalece sobre las estructuras corporativas internacionales, estableciendo que la interconexión de intereses financieros entre las empresas del mismo propietario permite la ejecución de activos de una filial para garantizar el pago de sanciones legales de otra. Esta decisión sentó un precedente relevante sobre la responsabilidad corporativa transfronteriza y los límites de la inmunidad operativa de las «Big Tech» frente a mandatos judiciales locales.
