En sentencia N° 198 del 09 de abril de 2026, la Sala de Casación Civil reiteró que la estimación de honorarios profesionales debe realizarse tomando como base el valor real y actual de la pretensión económica debatida en el proceso. La Sala determinó que para garantizar una retribución justa y proporcional al trabajo realizado, el juzgador debe considerar no solo la cuantía nominal de la demanda, sino la complejidad del asunto y el beneficio económico efectivamente obtenido o protegido para el cliente.
La Sala destacó que la estimación no puede ser arbitraria ni desvinculada de la realidad inflacionaria o del valor de mercado de los bienes en litigio. En este sentido, se estableció que el derecho a una justa remuneración del abogado es de orden público y debe prevalecer sobre criterios meramente formales de cuantificación. Al omitir la valoración de estos elementos esenciales, se incurre en un vicio de falta de motivación que afecta la validez de la decisión, obligando al juzgador de instancia a realizar un nuevo análisis que pondere la equidad y el esfuerzo profesional invertido en la causa.
